• Opinión:

EL PEÑATO Y SU ESTELA DE CORRUPCIÓN.

Por Martín Carlos Ramales Osorio/APIM.

Después de doce años de ausencia del poder presidencial, mismos en los que mal gobernaron al país los panistas Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), los priístas regresaron ávidos de poder político y de su complemento: el poder económico, probablemente en la perspectiva de utilizar éste para perpetuarse en el poder político comprando voluntades tanto en el Instituto Nacional Electoral (que no promueve ni garantiza la democracia, sino que más bien tiende a perpetuar una dictadura de partido) como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). ¿De qué otra manera se entiende que dichos organismos, en teoría encargados de promover y garantizar la democracia en el país, reciben cuantiosos recursos del presupuesto público para su operatividad y funcionamiento? ¿De qué otra manera se percibe el hecho, muy real y muy cierto, de que tanto consejeros electorales como magistrados del TEPJF perciben cuantiosas dietas o remuneraciones que les permite vivir como verdadero príncipes o reyes, mientras millones de mexicanos apenas si devengan para medio comer y peor vestir?

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El sexenio de Peña Nieto se ha caracterizado por la corrupción sin freno y la opacidad más oscura y temeraria. Y eso sin mencionar la enorme represión y hostilidad que ha ejercido contra medios y periodistas críticos, así como contra organizaciones que encabezan la protesta y el reclamo social ante tanto exceso gubernamental a todos los niveles (municipal, estatal y federal).

Son numerosos los casos de corrupción del gobierno peñista. Es más, medios nacionales e internacionales han dado cuenta de que el Coordinador de Vinculación Internacional de su Comité de Campaña, el ex director de PEMEX Emilio Lozoya, recibió 10 millones de dólares como soborno de la controvertida empresa brasileña Odebrecht, para ya instalado Peña en el poder obtener jugosas concesiones gubernamentales.

Ni que decir de la enorme corrupción desplegada por la nueva generación de jóvenes priístas que arribaron con Peña al poder y que se convirtieron, de manera muy democrática, en gobernadores de algunas entidades federativas del país. Estamos hablando de finísimas personas como Javier Duarte de Ochoa (ex gobernador de Veracruz acusado por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, incumplimiento de deberes, peculado, abuso de autoridad y tráfico de influencias), de Roberto Borge (ex gobernador de Quintana Roo, acusado de corrupción y peculado), de Tomás Yarrington (ex gobernador de Tamaulipas acusado, entre otras cosas, de tener vínculos con el ex líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas), de Luis Armando Reynoso Femat (ex gobernador de Aguascalientes acusado, entre otros muchos delitos, de defraudación fiscal), Andrés Granier Melo (ex gobernador de Tabasco, acusado por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal), y algunos otros que se han erigido en símbolos de la corrupción y de los excesos en el ejercicio del poder gubernamental. El PRI prácticamente no ha cambiado, sigue siendo el mismo del siglo pasado.

El gobierno de Peña Nieto pasará a la historia como el más incompetente; como el más autoritario, violento y represor; como el más corrupto y el menos transparente en el ejercicio de los recursos del erario público. La enorme corrupción desplegada por la administración peñista paralizó al país, agrandó la brecha entre ricos y pobres, y exacerbó la violencia en todos los rincones del país convirtiendo al territorio nacional en un verdadero cementerio. Ojalá en 2018 el PRI se vaya para siempre del poder. Es lo mejor para el país y para sus ciudadanos.